Durante demasiado tiempo, las personas sin ingresos o activos se han visto excluidas de una asistencia jurídica de calidad. En teoría, la justicia debe ser «ciega», pero en la realidad actual, en la que los honorarios de los abogados suelen empezar en cuatrocientos dólares por hora y llegar a los miles por hora, sólo una pequeña parte de quienes necesitan asesoramiento jurídico pueden permitirse esa representación legal. Más allá de la defensa penal, donde las personas de bajos ingresos a veces tienen derecho a una representación legal gratuita, otras esferas del derecho siguen estando fuera del alcance de las personas de ingresos bajos o incluso medianos. Esto no es nada menos que una injusticia dentro del sistema judicial. Por ejemplo, para casi el ochenta por ciento de los solicitantes de asilo no es asequible la representación legal ni pueden obtenerla de otro modo y las probabilidades de que estas personas no representadas reciban una denegación de asilo son cinco veces superiores a las de las que tienen abogado, según TRAC (Asylum Representation Rates Have Fallen Amid Rising Denial Rates [Las tasas de representación para los casos de asilo han disminuido en medio de las crecientes tasas de denegación] (syr.edu)). Se pueden encontrar estadísticas similares en otros ámbitos del derecho, como el derecho de familia, la quiebra, la defensa civil y el derecho de propietarios e inquilinos, por citar algunos.
LILAC fue fundada en 2022 por abogados de California que llevan más de 25 años ejerciendo la profesión y desean ofrecer su tiempo o reducir sustancialmente sus honorarios para ayudar a quienes, de otro modo, se verían privados de una justicia equitativa por el mero hecho de sus ingresos (o la falta de tal). LILAC se dedica a igualar las condiciones para dar a cualquiera su justa oportunidad de explicarse ante el juzgado, independientemente de su capacidad económica. El acceso a la justicia no debe ser proporcional al bolsillo. Debería ser un derecho universal y LILAC se entrega a contribuir a que así sea.
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